PREGUNTA 6 ( 83 DEL Cuestionario B )
Se alega que está fuera de programa, pero la competencia
para conocer de un laudo arbitral es
una cuestión incluida
en el tema
7, en el
epígrafe “ Examen
de la organización y competencias
de …los Tribunales Superiores “
PREGUNTA 25. ( 76 del Cuestionario B)
La respuesta correcta a esta pregunta es inequívocamente la
B : el artículo 25-ter de la Ley Concursal, en su epígrafe 1, establece la
regla general para los concursos declarados
conjuntamente y acumulados; que se tramitarán de forma coordinada y sin consolidación de
masas, y en su epígrafe
2, establece las
excepciones a esta
regla general. Por ello,
leído conjuntamente, el
artículo citado conduce directamente
a la respuesta correcta:
que generalmente se
tramitan sin consolidación
de masas. La respuesta A no es correcta, puesto que,
además de no atenerse al epígrafe primero del artículo en
cuestión ( que no incluye
la expresión “
en ningún caso”)
ignora completamente lo indicado en el segundo.
PREGUNTA 35. ( 45 del Cuestionario B )
El supuesto de
hecho que plantea
la pregunta viene
referido a un
despido “declarado”
improcedente, lo que
supone necesariamente que
ya se ha dictado
Sentencia, por lo que el ejercicio de la opción sobre la que versa la cuestión
planteada no puede ejercitarse en el acto del juicio, incluso aunque la
Sentencia correspondiente se dicte oralmente, pues ello, conforme determina el
artículo 50 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la Jurisdicción
Social, se efectúa, en su caso, al terminar el juicio, en definitiva, concluido
el mismo.
No invalidada la
solución correcta tenida en consideración por el Tribunal, que fue la
opción B- “dentro
de los cinco
primeros días desde
la notificación de la Sentencia,
si fuera la de instancia”, el hecho de que en el enunciado de la cuestión se contenga
la expresión “puede ejercitarse” y ello porque el artículo 110.3 de la indicada
Ley 36/2011, cuando
alude a que
la opción “deberá
ejercitarse”, a lo
que se está refiriendo es
a la forma
en que tiene
que llevarse a
cabo, o “debe
ejercitarse”, la opción de
referencia en los casos en que la misma
se efectúe, lo que, y pese a lo que
se alega, no
constituye obligación, en
el sentido de
que nuestro ordenamiento jurídico no contempla mecanismos
para compeler a su ejercicio, al punto que el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de
la Ley del
Estatuto de los
Trabajadores, expresamente contempla
la opción de referencia
como facultativa -
“podrá optar” señala
en su apartado
1- previendo incluso, en
el apartado 3
del propio precepto,
las consecuencias que se
producen de “ no optar el empresario por la readmisión o la indemnización ”, en
cuyo caso se entiende que procede la primera.
PREGUNTAS 50 y 67 ( 52 y 59 del Cuestionario B)
La Orden JUS/1959/2013, de 17 de Octubre, por la que se
convocó la presente convocatoria, en su punto 3 denominado “Programas”, se
especifica que: “El contenido del
temario para todos
los ejercicios de
la oposición se
ajustará a la
normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado en la fecha de la
presente convocatoria, aun cuando
no hubiese entrado
en vigor. No
obstante, en materia de
Registro Civil se exigirá sólo la legislación vigente en la
fecha de la presente convocatoria”.
De acuerdo con esta
previsión, la normativa de referencia para la solución que planteaban las
preguntas impugnadas era necesariamente la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de Junio
(publicada en el B.O.E. de 29 de Junio próximo siguiente), de Reforma del Consejo
General del Poder Judicial y que modificaba la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio,
que era la “normativa publicada” a fecha 24 de Octubre de 2013, fecha en que se
anunció la Convocatoria del proceso selectivo.
Lo relevante
a la hora
de determinar la
solución a cualquier pregunta
que planteara el cuestionario, a excepción de la materia relativa al
Registro Civil en cuyo caso se especificaba concretamente la necesaria
referencia a la normativa vigente al momento
de la convocatoria
era, que no
otra, la normativa
publicada , es decir
es ésta característica, la publicación, y la más reciente de las
posibles existentes, la que define
la normativa de
referencia, excepción hecha
del Registro Civil,
no la de la “vigencia”
o no de la normativa publicada.
A mayor abundamiento,
la indicada Ley
Orgánica 4/2013, de
28 de Junio, especificaba, en
su Disposición Final
Tercera, que la
misma entraría en
vigor el día siguiente
al de su
publicación en el
Boletín Oficial del
Estado en lo
relativo a la renovación, designación
y elección de los Vocales
del Consejo General
del Poder Judicial y a la
constitución del mismo, siendo así que
la Disposición Derogatoria de la propia Ley Orgánica, en su punto 1,
especificaba que El Título II del Libro II de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de
Julio, del Poder
Judicial, en lo relativo
a la renovación, designación y elección de los
Vocales del Consejo ya la constitución del mismo, queda derogado desde el
momento de entrada en vigor de lapresente Ley Orgánica.
Las preguntas impugnadas
vienen referidas a
materia que se regulaba
en el Título II del Libro II de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, y que afectaba a aspectos que tenían
que ver con
la “constitución” del
Consejo, por lo que las
previsiones contenidas en los artículos 123.4 y 147 de la misma fueron
derogadas con efectos de 30 de Junio de 2013, es decir con anterioridad a la publicación
de la Convocatoria que nos ocupa.
Las respuestas correctas a estas preguntas son por lo tanto
Nº 50- C y nª 67- A.
PREGUNTA 56. (46 DEL Cuestionario B)
Se alega que está “fuera de programa” : Entiende el Tribunal
que versa sobre la materia incluida en el tema 44, epígrafe: “. El responsable
civil” También se incluye en el tema 56: La ejecución de sentencias penales… la
ejecución civil en el proceso penal.
PREGUNTA 66 ( 70 del cuestionario B)
La pregunta está correctamente formulada y su única
respuesta correcta es la A. Aunque, como bien afirma el recurrente, el
art. 16-2 del tratado de Maastrich en su
redacción dada por
el Tratado de
Lisboa, que reproduce
el art. 203
de la versión consolidada del Tratado Constitutivo
de la Unión Europea, se afirma que “ el
Consejo está compuesto por
un representante de cada
Estado miembro…” y que
por tanto estricto senso la
denominación correcta de las personas que componen ese Consejo es la
de “representante” , lo
cierto es que
el mismo Tratado
utiliza ambas denominaciones
indistintamente- véanse , por ejemplo los artículos 204 y 205 y 206 del mismo
Texto consolidado. Además, y en cualquier caso, el contenido de la pregunta, y las respuestas
alternativas que se
plantean, que es
lo fundamental a
efectos de su impugnación, no se
ve afectado en modo alguno:
lo que se pregunta
y a lo
que se ciñen las respuestas es a
cómo se compone el Consejo, por quién, y a si se constituye con carácter
paritario o con alguna proporcionalidad a la población…
PREGUNTA 67 ( 59 del Cuestionario B- )- Véase más arriba
PREGUNTA 69. ( 63 del Cuestionario B)
Se alega que está fuera de temario, pero el Tribunal entiende
que está incluida en el tema 56: “la
ejecución de sentencias penales”, puesto que trata específicamente de la
posibilidad de suspensión de penas privativas de libertad.
PREGUNTA 88. ( 29 del cuestionario B)
La pregunta que se formula es gramaticalmente muy precisa y , además, se formula en modo
interrogativo :¿ Es posible practicar “un lanzamiento“, ( es decir un “lanzamiento”
en general , sin más especificación, o
sea , cualquier lanzamiento ) con la
presencia de un
único funcionario? Y
la respuesta es
la “C”: Que
sí es posible hacerlo, si el lanzamiento es del
tipo que se indica : “desahucio por falta de pago de las rentas o
cantidades debidas , o por
expiración del plazo
legal o contractual”.
La pregunta no concreta,
ni tiene porqué
hacerlo, la clase
de funcionario que ha de practicarlo, por lo que la respuesta
tampoco ha de precisarlo…
La B no es correcta: no se puede practicar el lanzamiento de la pregunta ( es decir, cualquier lanzamiento…) por mucho
que lo autorice el Secretario y el funcionario sea un Gestor. La respuesta es
incorrecta.
Es cierto que el Tribunal podría haber formulado otra
pregunta distinta y haberla referido a
todo el contenido (o a otra
parte ) del último párrafo del artículo 703-1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, con detalle de todos los requisitos que el artículo citado establece, (
clase de lanzamiento;
autorización del Secretario; clase
de funcionario; motivación ;
posibilidad de solicitar el auxilio dela fuerza pública….) pero la opción del Tribunal
ha sido otra, y la respuesta correcta es aquella que se ciñe al contenido de la
pregunta.
PREGUNTA 94 ( 65 DEL Cuestionario B)
La única respuesta correcta a esta pregunta, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 6 de
la Ley de
Enjuiciamiento Civil, es
inequívocamente la B.
La A no es correcta
en ningún caso, ya que el “concebido no nacido” ( nº 2º del artículo 6-1 ) está
incluido entre quienes “pueden ser parte en un proceso ante un Tribunal Civil”,
que es exactamente lo que
se pregunta. Cierto
es que no
puede ser parte
para cualquier efecto, sino sólo para los que le sean favorables, pero
no es eso lo que se pregunta, ni ese hecho invalida la aseveración de la
respuesta A.
Acuerdo de 24 de marzo 2014
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